Como ocurre en muchos otros países, en Colombia, al parecer, adoramos a nuestra Constitución. “Adoramos” es la palabra perfecta por que la tratamos como si fuera una reliquia sagrada no obstante que en casi todas sus metas, posiblemente en todas, ha sido un fracaso. La “adoramos” pero en poco la respetamos y en menos la cumplimos. Eso se ha notado en diversas ocasiones por la derecha política y también por la izquierda. Pero el rechazo a su modificación, una modificación seria, ha sido inmenso. ¿Y, por qué?
Pues en parte, la realidad es que una reforma eficiente de nuestra Constitución actual tendría que ser tan extensa que resultaría en su remplazo. Nuestra Constitución está llena de palabras lindas y conceptos hermosos, tantos que es la segunda más larga del mundo. Pero entre las lindas palabras y los hermosos conceptos están las cláusulas que permiten evadir todas sus promesas. Un laberinto de requisitos técnicos incumplibles. Sus promesas han sido ignoradas porque su implementación requiere colaboración política en el Congreso y requiere un Ministerio Publico honesto y eficiente, algo que, por la manera en el cual sus miembros son escogidos, ha resultado imposible.
Para evaluar una constitución, cualquiera constitución, se tiene que medir que tanto se ha logrado cumplir con sus metas. Hagamos el ejercicio: ¿Se estableció la paz? ¿Se eliminó la corrupción? ¿Se logró la equidad? ¿Se logró la igualdad? ¿Se logró la justicia? ¿Se ha eliminó la impunidad? ¿Se ha disminuido la polarización? ¿Se ha cumplido con los derechos prometidos? ¿Se ha logrado la democracia?
Si somos honestos y objetivos, creo que en ninguno de estos casos fundamentales la respuesta sea sí. Entonces, ¿para qué sirve esta Constitución? Bonita si es. Pero es disfuncional. ¿Y, por qué?
Pues, en gran parte no es justo decir que no sirve. Si les sirve a algunos. A los corruptos, a los ladrones. A los que tienen el dinero para evadir la justicia. Pero más que todo, les sirve a los partidos políticos. Los reales sujetos de la Constitución colombiana del 1991 no son los ciudadanos, ellos son meros objetos. Los sujetos son los partidos políticos y por ende, los que se benefician de la Constitución son los que controlan a esos partidos.
Para entender lo anterior se requiere entender la diferencia entre un sujeto y un objeto. Un objeto es una persona jurídica o natural o institucional sobre cual el poder del estado es ejercido. Eso incluyo humanos, animales y hasta objetos inanimados, como carros, mesas, comida, etc. Un sujeto es un objeto que tiene derechos de manejo sobre el poder político que lo impacta, pero derecho y poder real, no meras ilusiones.
En Colombia, los legisladores en el Congreso tienen que hacer lo que dice su partido o pierden sus curules. No elegimos individuos al Congreso sino partidos. Lo único que podemos hacer, si las listas electorales son abiertas, es cambiar el orden en el cual los candidatos podrían recibir sus curules. Nada más. Por lo tanto, no podemos elegir a quienes nos parecen los mejores y los más honestos líderes políticos para nuestro congreso, o para nuestras asambleas departamentales, o para nuestros concejos municipales. Eso no es democracia.
En Colombia, planes estratégicos parecen imposibles lograr porque un plan estratégico requiere más de un periodo electoral para completarse, sea de derecha o de izquierda. Tenemos la absurda noción de, no solo prohibir la reelección, sino también prohibir que una persona que ha ocupado un cargo político ejecutivo, o tiene familiares que han ejercido una función ejecutiva, tenga que esperar un año para superar esas limitaciones que actualmente son inhabilitantes. Por lo tanto, lo normal es que ningún líder político que busca ascender en sus cargos pueda cumplir el periodo total para el cual fue escogido. O renuncia un año antes del fin de su periodo legal, o, adiós a una nueva elección. ¡Qué estupidez! Esas limitaciones no existen en ningún país exitoso del mundo.
Lo que Colombia requiere, lo que cualquier país requiere, es una constitución decente y eficiente sin promesas incumplibles. Una constitución escrita en manera comprensible por la ciudadanía. Y, una sin aspectos plenamente legislativos que no tienen por qué estar incluidos en una obra tan permanente como debe ser constitución. Una constitución real es algo extraordinario que solo debe tener cuatro funciones:
- Primero, crear y delimitar las instituciones estatales. Es decir, las unidades geográficas y las instituciones gubernamentales como son la legislatura, el ejecutivo, la rama judicial, los procesos electorales, y los medios de control político, y, ademas, las instituciones responsables por la estricta interpretación constitucional y por resolver conflictos entre las diversas ramas del estado.
- Segundo, toda constitución es inherentemente antidemocrática buscando impedir no solo el poder de la mayoría sino el poder de futuras generaciones. Todo supuesto derecho fundamental o humano es antidemocrático en ese aspecto. Pero antidemocrático no implica algo negativo o abusivo, ese aspecto es esencial para proteger la libertad, la autonomía personal y al bienestar y a la independencia de las minorías.
- El tercer aspecto plenamente constitucional es el de establecer prioridades con respecto al ejercicio del poder, más que todo en temas presupuestales. La realidad de mucho de lo que se define como “derechos fundamentales o humanos” nada tiene que ver con el concepto de un “derecho”. Un derecho es inherente, nadie lo da, es eterno, no se puede condicionar. Entonces, por supuesto, hoy en día, ningún derecho existe ya que ninguno cumple con esos requisitos pero si existen o pueden existir prioridades. No podemos garantizar la paz, como promete nuestra Constitución, ni un medio ambiente sano, ni la educación, ni la salud, ni viviendas dignas, etc., pero una constitución si podría exigir que los primeros gastos estatales trataran con una función específica, luego, si hay suficiente dinero restante, con otra, y lo mismo hasta que se agota el dinero. Entonces, en vez de derechos incumplidos, tendríamos prioridades incondicionales delimitadas constitucionalmente.
- El cuarto y último aspecto trata con su permanencia. Enmendarla debe ser, no solo difícil, sino que debe requerir de la misma formalidad con la cual se adoptó, y en ambos casos, eso debe, al final, incluir la aprobación directa del primer constituyente, del pueblo, o por plebiscito o por referendo (dependiendo en si hay más que una opción presentada). Y debe haber proceso dentro de la misma constitución no solo para su enmienda, sino para su remplazo total y eso, por medios no solamente convocados por el gobierno, o por una rama del gobierno, sino por iniciativa popular suficientemente amplia par no resultar en propuestas poco serias o poco apoyadas por el pueblo.
Esos cuatro aspectos y ningunos más tratan con temas que se deben incluir en nuestra carta magna, en nuestra carta política, en nuestra constitución. Lo que se incluye en una constitución se tiene que cumplir. Si no se cumple, entonces ahí no debía estar y si esta, se debe de eliminar.
Entonces, si vamos a superar todos los problemas antes mencionados: ¿que debe abordar una constitución decente y eficiente para Colombia? Pues hay modelos que debíamos investigar, pero no copiar. Lo que funciona en otras partes no necesariamente funcionaria aquí. Llegamos a donde estamos copiando conceptos constitucionales desde esa potencia del norte que tanto daño nos ha hecho, y copiados en forma incoherentemente descontextualizada ya que Colombia no es una federación y no aspira a ser un imperio.
Una república que si me parece que tiene un modelo admirable que nos podría, en parte, funcionar, es la de la República Irlandés. Ellos gozan de un modelo parlamentario pero no idéntico al inglés. El modelo de gobierno parlamentario es mucho más democrático que el presidencial y mucho más eficiente. Eso porque tanto la cámara baja del parlamento, la más importante aunque es denominada los comunes, y el ejecutivo son internamente ligados y cuando no están de acuerdo, en vez de congelarse la gobernación, hay nuevas elecciones para la cámara baja (y, por ende, el ejecutivo) y es el pueblo el que resuelve la crisis. El parlamento escoge el primer ministro, quien es el jefe de gobierno pero no el jefe de estado, y el parlamento y el primer ministro, conjuntamente, escogen los jefes de los diversos ministerios. La cámara alta, el senado, es muy innovadora ya que no es democrática, como es la cámara de los comunes, sino pluralista. Sus miembros no son elegidos popularmente sino por diferentes segmentos de la sociedad. Algunos son nombrados por el presidente (el jefe de estado, diferente siempre que el primer ministro), otros son elegidos por los sindicatos, otros por las universidades, otros por las cámaras de comercio, etc. Y el presidente es elegido popularmente siendo la única persona elegida a nivel nacional. El presidente es encargado más que todo con control político, con las fuerzas armadas y con temas diplomáticos. Eso permite gobernanza por un tiempo indeterminado, un tiempo que podría ser o muy largo o muy corto, dependiendo en la voluntad popular. El periodo electoral constitucional es de cinco años, pero no hay límites sobre re-elección. Al mismo tiempo, podría ser más corto si el primer ministro pierde la confianza del parlamento o si el primer ministro, queriendo aumentar su respaldo en el parlamento, disuelve al parlamento y convoca elecciones tempranas.
Quizás el aspecto que más admiro del sistema estatal de la Republica Irlandesa es el electoral. Como en Colombia, las elecciones a los comunes se basan en listas, pero las listas no se conforman por los partidos sino por los electores en forma individual. Por ejemplo, en el sistema colombiano actual, el Departamento de Caldas es representado en la Cámara de Representantes por cinco personas. Pero los electores solo pueden votar por una y, al votar por esa, su partido y todos sus otros candidatos reciben el apoyo. En la Republica Irlandesa, cada ciudadano tendría cinco votos, y los colocaría en orden de prioridad sin consideración de diferencias partidistas, creando así su propia lista. Así se mantiene el concepto de proporcionalidad entre los diversos grupos de candidatos, sean por partido o independientes, pero no se obliga a que el voto sea limitado a un partido. Ademas, una vez elegidos, los parlamentarios votan su conciencia y no pueden ser destituidos por diferencias entre ellos y sus partidos.
Entonces, tanto la derecha representada por los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la izquierda representada por el actual presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, en parte, tenían la razon cuando decían que Colombia necesitaba un nuevo constituyente constitucional, pero ambos estaban equivocados cuando deseaban limitar los temas constitucionales a los cuales se limitaría esa convocatoria. Necesitamos iniciar de nuevo porque los cambios esenciales para lograr un país democrático, libertario, equitativo, justo y libre de corrupción e impunidad necesitan un sistema muy diferente al que tenemos y al que siempre hemos tenido. Un sistema en el cual son los individuos y no los partidos que gobiernan. Pero por esa razon, los que ahora dominan el poder, tanto los de derecha como los de centro, izquierda y los meramente pragmáticos están totalmente en desacuerdo con un nuevo constituyente ilimitado. Para ellos, su peor pesadilla es la devolución del poder al pueblo, en especial, si no logran dominar sus decisiones electorales por medio del temor, por medio de las mentiras, por medio de la manipulación o por medio de la corrupción.
Nuestra Constitución actual no es más que un rompecabezas conformado de montones de acuerdos políticos entre personas que buscaron beneficiarse personalmente y beneficiar a sus diversas agrupaciones politicoeconómicas y sociales. Un rompecabezas incoherente, uno lleno de contradicciones irresolubles. Por eso ha resultado imposible cumplir con sus numerosas hermosas promesas. Un cambio de vestido o un poquito de maquillaje no serán adecuados para reformarla.
Una Colombia ideal, una Colombia utópica en temas de su gobernanza es posible, una Colombia mucho más eficiente y realmente honesta. Una Colombia mucho más equitativa y justa. Y eso es, no solo posible, sino probable. Pero necesitamos desamarrarnos de los enlaces maquiavélicos con los cuales nuestros representantes nos enlazaron en 1991.
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© Guillermo Calvo Mahé; Manizales, 2024; todos derechos reservados. Permiso para compartir con atribución.
Guillermo Calvo Mahé es escritor, comentarista, analista político y académico residente en la República de Colombia. Aspira ser poeta y a veces se lo cree. Hasta el 2017 coordinaba los programas de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales y, entre las asignaturas que dictaba con relevancia a este artículo estaban Teoría Constitucional, Gobierno y sistemas políticos comparados, y, Derechos Humanos. En la actualidad, participa en entrevistas radiales y televisadas, foros, seminarios y congresos cívicos y edita y publica la revista virtual The Inannite Review disponible en Substack.com/. Tiene títulos académicos en ciencias políticas (del Citadel, la universidad militar de la Carolina del Sur), derecho (de la St. John’s University en la ciudad de Nueva York), estudios jurídicos internacionales (de la facultad posgrado de derecho de la New York University) y estudios posgrado de lingüística y traducción (del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Florida). Sin embargo, también es fascinado por la mitología, la religión, la física, la astronomía y las matemáticas, especialmente en lo relacionado con lo cuántico y la cosmogonía. Puede ser contactado en guillermo.calvo.mahe@gmail.com y gran parte de su escritura está disponible a través de su blog en https://guillermocalvo.com/.